El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, una obra que quedó inconclusa luego de la rescisión del contrato con la empresa MEGA.

La presentación judicial cuestiona especialmente el acuerdo conciliatorio alcanzado durante este año entre la Provincia y la constructora. Según el escrito, la empresa aceptó pagar $301 millones y desistir de las acciones judiciales iniciadas contra Catamarca, mientras que el Gobierno provincial renunció a distintos reclamos, incluida una multa que originalmente había sido fijada en $1.963 millones, además de comprometerse a liberar garantías.

Una obra financiada con fondos nacionales

El contrato para la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca fue firmado en agosto de 2022 y contemplaba un presupuesto original de $4.560 millones, financiado con recursos nacionales transferidos a la provincia.

En julio de 2023, MEGA recibió un anticipo financiero de $454 millones, respaldado mediante una póliza de caución. Sin embargo, la obra registró incumplimientos y finalmente la Provincia aplicó una multa de $1.963 millones durante 2023. En abril de 2024 se resolvió rescindir el contrato, decisión que posteriormente fue judicializada por la empresa.

La denuncia cuestiona el monto del acuerdo

El principal planteo de la presentación judicial está relacionado con la diferencia entre la sanción original y el monto finalmente acordado. Los denunciantes sostienen que no existiría en el expediente una evaluación económica que explique por qué resultaba conveniente para la Provincia aceptar $301 millones y renunciar a otros reclamos.

Además, el escrito realiza una actualización de los montos teniendo en cuenta la inflación. Según los cálculos incorporados a la denuncia, los $454 millones entregados como anticipo en 2023 representarían alrededor de $3.079 millones a valores de agosto de 2026, mientras que la multa original de $1.963 millones superaría los $6.821 millones bajo el mismo criterio de actualización. Estas cifras deberán ser verificadas mediante las pericias solicitadas.

También piden investigar los fondos nacionales

Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el origen de los recursos utilizados para financiar el proyecto. La presentación sostiene que se trataba de fondos nacionales afectados específicamente a la construcción del gasoducto y que el convenio contemplaba mecanismos de rendición y eventual reintegro de los recursos que no fueran utilizados para la obra.

Por ese motivo, los denunciantes solicitaron que la Justicia Federal reconstruya el movimiento de los fondos y determine qué ocurrió con los recursos transferidos a Catamarca.

Qué pidió la Justicia

Entre las medidas solicitadas figuran la preservación de los expedientes administrativos, una pericia contable para establecer el valor actualizado del anticipo y de la multa, el seguimiento del movimiento de los fondos nacionales y distintas pericias destinadas a determinar si existió un eventual perjuicio para las arcas públicas.

La denuncia fue presentada por Sofía Nahir Rivera Ortega y también menciona al fiscal de Estado Nicolás Rosales Matienzo, al exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente Alberto Kozicki, al exfiscal de Estado Marcos Rodolfo José Denett y al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Alberto Adolfo Natella.

El caso deberá ahora ser analizado por la Justicia, que tendrá que determinar si existieron irregularidades en el acuerdo, cuál fue el destino de los fondos nacionales y si las decisiones adoptadas provocaron un perjuicio económico para el Estado.