17-10-2026 | 18:04
CLIMA | DOLAR

Hay una frase que no debería pasar inadvertida en ninguna universidad. “El que viene tiene puntito”. Las palabras de la docente de la UNCAUS, en Sáenz Peña, quedaron en el centro de la polémica por la posibilidad de vincular una actividad política con un beneficio académico. Aunque el audio no permite confirmar que se hayan otorgado puntos adicionales, sí deja en evidencia una situación que merece ser examinada y que vuelve a poner sobre la mesa los límites de la política dentro de las aulas.


Por León Aráoz 

a universidad nunca estuvo al margen de la política, ni tiene por qué estarlo. Es un espacio donde conviven distintas formas de pensar, donde se discuten ideas y se ponen en cuestión las certezas. Pretender que los docentes no tengan una posición política sería desconocer su propia condición humana. El problema comienza cuando esas convicciones dejan de ser parte del debate y pasan a tener un peso sobre la formación académica de los estudiantes.

El adoctrinamiento no consiste en hablar de política, sino en anular la posibilidad de pensar diferente. Aparece cuando una idea se presenta como una verdad que no admite cuestionamientos y el docente utiliza su autoridad para imponerla. Si la participación en una actividad política llegara a traducirse en una ventaja académica, estaríamos ante una práctica que poco tiene que ver con la enseñanza y mucho con el intercambio de favores.

La Ley de Educación Superior contempla la libertad académica y el pluralismo de ideas como principios fundamentales. No es casualidad. La universidad debe ser un lugar donde se formen personas capaces de desarrollar un pensamiento propio, incluso cuando ese pensamiento contradiga las ideas de quienes están al frente de un aula.

Lo ocurrido en la UNCAUS merece ser analizado sin convertirlo en una disputa partidaria. El problema no es Javier Martínez, ni tampoco la universidad en su conjunto. La preocupación está en la posibilidad de que una institución educativa termine siendo utilizada para promover intereses políticos, independientemente de quién los impulse.

Ningún sector está exento de esa responsabilidad. La tentación de utilizar la educación como herramienta de construcción política puede aparecer en el peronismo, el radicalismo, la izquierda, la derecha o el liberalismo. Cambian los discursos, las consignas y las banderas, pero el resultado es el mismo cuando se pretende que los estudiantes reproduzcan una determinada forma de pensar.

Un estudiante puede llegar a la universidad siendo peronista, liberal, radical, socialista, conservador, libertario o sin tener ninguna identificación política. Lo importante es que tenga la posibilidad de escuchar otras ideas, discutirlas y, si lo considera necesario, cambiar de opinión. Su formación no debería depender de cuánto se acerque a las convicciones de sus profesores.

La universidad no tiene que producir militantes ni garantizar coincidencias ideológicas. Su función es brindar conocimientos y herramientas para que cada estudiante pueda construir sus propias ideas, incluso aquellas que incomoden a la propia institución.

Cuando un aula deja de ser un espacio para debatir y se convierte en un lugar donde se espera obediencia, la educación pierde parte de su razón de ser. La libertad académica no consiste solamente en poder expresar una idea, sino también en tener la posibilidad de cuestionarla, por más que provenga de un docente, de una autoridad o del poder político de turno.



























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