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La Fiscalía Federal de Resistencia presentó la acusación formal y solicitó la apertura del juicio oral —bajo el marco del Artículo 274 del Código Procesal Penal Federal— contra ocho integrantes de la Policía del Chaco por la sustracción de casi 10 kilos de cocaína que debían ser incinerados en Colonia Benítez. La investigación detalló la división de roles dentro de la fuerza, señalando desde la jefatura del plan hasta los ejecutores del recambio por yeso y los intermediarios de la droga en el mercado ilegal.
La Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del Dr. Patricio Sabadini formuló la acusación formal y solicitó la apertura del juicio oral contra 8 integrantes de la Policía del Chaco por la sustracción de 9,490 kilogramos de cocaína destinados a su incineración.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el grupo estructuró una logística coordinada para retirar los ladrillos de estupefaciente bajo custodia e intentar reemplazarlos por réplicas de yeso. La maniobra fue detectada el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez durante el procedimiento de destrucción, derivando en el secuestro de la sustancia oculta en una camioneta oficial y en una mochila personal.
El Comisario Rubén Héctor César Alegre, señalado por la Fiscalía como el organizador del plan para sustraer cocaína en Colonia Benítez.
La nómina de acusados por parte del Ministerio Público Fiscal abarca distintos escalafones de la fuerza policial. Encabeza la acusación como presunto organizador el Comisario Rubén Héctor César Alegre (titular de la División Operaciones Metropolitana), secundado en el ámbito operativo por el Subcomisario Andrés Ramírez y el Oficial Lucas Martínez. Completan la lista de procesados el Sargento Gustavo Acosta, el Cabo Primero Juan Almirón Núñez y los Cabos Néstor Urne y Gustavo Quizama —todos señalados como coautores materiales de la maniobra de sustracción y recambio por yeso—, mientras que el policía Francisco Lucas Leonel García completaba la nómina de imputados, investigado por su participación logística y los nexos operativos para la comercialización ilegal de la sustancia sustraída.
Dentro de la estructura criminal, el Comisario Rubén Héctor César Alegre, titular de la División Operaciones Metropolitana, fue señalado como el organizador del plan. De acuerdo a la acusación, a la que accedió NG Federal, la fiscalía sostiene que Alegre seleccionó al personal de su estricta confianza para el operativo, gestionó las autorizaciones judiciales de traslado e incineración y coordinó la maniobra ejecutiva para concretar el apoderamiento ilegal. Por este motivo, se le imputa el delito de organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada en concurso real con peculado.
En el terreno, la ejecución operativa estuvo a cargo del Subcomisario Andrés Ramírez, el Oficial Lucas Martínez, el Sargento Gustavo Acosta, el Cabo Primero Juan Almirón Núñez y los Cabos Néstor Urne y Gustavo Quizama. Este grupo de efectivos desplegados en el predio llevó a cabo la extracción directa de los panes de droga del cargamento secuestrado, el embalaje del material simulado con yeso y el ocultamiento de la sustancia en el vehículo patrullero y en pertenencias individuales. A todos ellos se los acusa como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada en concurso real con peculado.
Asimismo, la investigación incorporó a un octavo efectivo, Francisco Lucas Leonel García, cuya participación fue reconstruida mediante peritajes telefónicos e intervenciones a las líneas de los sospechosos. Según la hipótesis fiscal, este agente actuó como nexo logístico e intermediario en el mercado ilegal, coordinando previamente la colocación y posterior distribución de la cocaína sustraída una vez que fuera retirada de la quema oficial. Su rol fue calificado bajo la misma tipificación agravada que el resto de la tropa ejecutora.
De acuerdo a lo que explicaron fuentes judiciales a NG Federal, con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía, la causa entra en la etapa decisiva de control de la acusación antes de la elevación a debate oral. Los ocho acusados continúan privados de la libertad con prisión preventiva en dependencias de fuerzas federales mientras el tribunal evalúa la admisibilidad de las pruebas y la apertura formal del juicio.
//NG FEDERAL