El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la inmediata detención de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de esa provincia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por su defensa y dejara firme la condena a cuatro años de prisión.

Molina fue condenado por haber ordenado la intervención ilegal de los teléfonos de su esposa, Carolina Etel Codutti, y de Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y exnovio de su adolescencia. Según se determinó durante la investigación, el exfuncionario utilizó para ello una causa por narcotráfico que tramitaba en el juzgado.

La captura fue encomendada a Gendarmería Nacional, que deberá localizar al condenado en su último domicilio registrado en la provincia del Chaco. En principio, permanecerá alojado en una dependencia de esa fuerza hasta que se concrete su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Una causa narco utilizada para un espionaje personal

El caso salió a la luz en 2019, cuando durante un relevamiento de expedientes y elementos secuestrados en el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes apareció un conjunto de 28 discos con grabaciones de comunicaciones telefónicas.

Los soportes estaban guardados en el despacho que había ocupado Molina y tenían identificado el oficio N° 178/13, correspondiente a una investigación por narcotráfico.

Sin embargo, al revisar el contenido, los investigadores descubrieron que las personas intervenidas no tenían relación con aquella causa. Las líneas telefónicas correspondían a la esposa de Molina y a un hombre que había sido su novio durante la adolescencia.

La investigación estableció que las intervenciones se realizaron entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para concretarlas, Molina habría confeccionado un nuevo oficio utilizando el formato, los sellos y la estructura del juzgado, e incorporó los números telefónicos como si fueran objetivos de una investigación por tráfico de estupefacientes.

El objetivo, según se determinó judicialmente, era conocer si su esposa mantenía una relación con otro hombre.

El hallazgo de los audios

Uno de los elementos que permitió descubrir la maniobra fue el testimonio de empleados y miembros de Gendarmería que participaron de la investigación original por narcotráfico.

Un efectivo declaró que Molina le había comunicado personalmente la existencia de las intervenciones y le indicó que los discos debían ser enviados cerrados al juzgado, sin ser escuchados ni desgrabados por la fuerza.

Además, los audios contenían conversaciones de carácter estrictamente privado y familiar. Durante el juicio también se estableció que en algunas comunicaciones Molina se dirigía a su esposa mediante agresiones verbales y amenazas.

La situación quedó al descubierto cuando los discos fueron revisados varios años después y se comprobó que los teléfonos intervenidos correspondían a personas completamente ajenas a la investigación por narcotráfico.

Condena firme y orden de detención

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina el 29 de julio de 2025 a cuatro años de prisión y a una inhabilitación absoluta por el doble de ese período, por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, en concurso real.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en abril de 2026.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó el recurso de queja presentado por la defensa y dejó firme la condena. Con la vía recursiva agotada, el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó la inmediata detención del exsecretario judicial para que comience a cumplir efectivamente la pena.

La medida vuelve a poner bajo la lupa el uso indebido de herramientas de investigación judicial y, en este caso, cómo una causa vinculada al narcotráfico habría sido utilizada para fines estrictamente personales.