Salomón explicó que la iniciativa fue impulsada por un grupo de abogados que durante dos años recorrió la provincia para promover la reforma. Sin embargo, afirmó que desde un principio advirtió las falencias del proyecto y cuestionó que la nueva legislación establezca honorarios mínimos obligatorios, independientemente de las características de cada caso.

Como ejemplo, relató que interviene en un expediente cuya sentencia asciende a 400.000 mil pesos, mientras que los honorarios regulados para la parte contraria superan los 2,2 millones de pesos. "Es una locura", sostuvo, al considerar que este tipo de situaciones evidencia las distorsiones que puede generar la aplicación de la nueva norma.

El abogado también advirtió que la ley "no solo limitará el acceso a la Justicia, sino que también afectará a la Justicia como valor". En ese sentido, cuestionó el respaldo legislativo que recibió la iniciativa y afirmó que el grupo que impulsó la reforma "no representa a todos los abogados del Chaco", al entender que prioriza intereses económicos por encima de la función esencial del Poder Judicial.

Asimismo, remarcó que "el Poder Judicial está para brindar Justicia y el honorario del abogado es un accesorio del trabajo profesional, no el objetivo principal del proceso".

Finalmente, Salomón expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados introduzca modificaciones antes de finalizar el año 2026. Si bien reconoció que toda actividad profesional debe contar con una retribución mínima, sostuvo que esa garantía debe contemplar parámetros razonables y no convertirse en una barrera para quienes buscan acceder a la Justicia. "En ningún lugar de la Constitución ni de otras leyes se establece un mínimo de honorarios como lo hace esta norma. De lo contrario, estaríamos hablando de desigualdad y de privilegios ante la ley", concluyó.