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Las recientes declaraciones del diputado provincial Kirchnerista Sebastián Benítez Molas vuelven a poner en evidencia una contradicción difícil de explicar. Quienes integraron un espacio político que gobernó la provincia durante 16 años, dejando a la zona metropolitana convertida en la Capital Nacional de la Pobreza y del Piquete, hoy pretenden descalificar una política de seguridad que comenzó a revertir ese escenario con planificación, decisión política y resultados concretos.
Si el diputado reconoce que una de las transformaciones de esta gestión fue recuperar las calles para los chaqueños, también está admitiendo que durante años se naturalizaron los cortes permanentes, el desorden, el clientelismo y la ocupación del espacio público como forma de hacer política, dejando como principal perjudicado al ciudadano que quería trabajar, estudiar o simplemente circular libremente.
Pero reducir el debate de la seguridad únicamente a esa cuestión demuestra un profundo desconocimiento —o una decisión deliberada de ignorar— el trabajo que se viene desarrollando desde diciembre de 2023 bajo la conducción del gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich.
La actual gestión puso en marcha un proceso de fortalecimiento institucional sin precedentes, basado en mayor presencia policial, incorporación de más de mil nuevos efectivos, recuperación de la Escuela de Policía, creación de nuevas comisarías y destacamentos rurales, incorporación de tecnología, fortalecimiento del sistema de videovigilancia, creación de la Subsecretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado, mayor capacidad operativa y una política frontal contra el delito organizado.
Los resultados comienzan a reflejarse también en los indicadores oficiales. Entre 2023 y 2025, los delitos contra la propiedad disminuyeron un 26,9 %, pasando de 15.555 a 11.367 hechos, lo que representa 4.188 delitos menos en apenas dos años. Los homicidios dolosos descendieron un 13,3 %, mientras que los delitos contra las personas se redujeron un 11,9 %.
En materia de narcotráfico y narcomenudeo, una problemática históricamente invisibilizada, la decisión política de combatir a las organizaciones criminales permitió fortalecer las investigaciones mediante herramientas como el Sistema de Denuncia Anónima por código QR y el trabajo especializado de la Subsecretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado. Gracias a estas políticas, el Chaco fue la provincia que más droga incautó en el país durante 2024 y volvió a ubicarse entre las primeras durante 2025.
Ninguna estadística resuelve por sí sola el problema de la inseguridad, pero sí constituye una herramienta objetiva para evaluar la eficacia de las políticas públicas. Los datos muestran un cambio de tendencia que contrasta con el deterioro que presentaba el sistema de seguridad al finalizar la gestión anterior, caracterizada por la falta de infraestructura, escasa inversión, déficit de personal y pérdida de capacidad operativa.
A diferencia de aquellos años, hoy los bienes recuperados por el Estado que estuvieron en manos de organizaciones piqueteras vinculadas al poder político fueron destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, transformando inmuebles que antes simbolizaban privilegios en dependencias policiales al servicio de todos los chaqueños.
La oposición tiene el derecho y la obligación de controlar la gestión. Ese es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero la crítica adquiere verdadera legitimidad cuando está acompañada por propuestas concretas y no por descalificaciones o intentos de confundir a la sociedad.
Por eso, el debate también debe darse en la Legislatura. Si el diputado kirchnerista Molas y su bloque realmente quieren hacer un aporte a la seguridad pública, tienen la oportunidad de acompañar la Ley de Reiterancia, una herramienta destinada a evitar que quienes acumulan antecedentes penales y reinciden permanentemente en la comisión de delitos recuperen la libertad de manera inmediata, siempre dentro del marco constitucional y con pleno respeto de las garantías del debido proceso.
Los chaqueños esperan una oposición responsable que contribuya a fortalecer las herramientas legales para combatir el delito y no dirigentes que, después de haber gobernado durante 16 años sin resolver los problemas estructurales de la seguridad, pretendan dar lecciones desde la comodidad de una banca legislativa.
La seguridad pública no se construye con ironías, soberbia ni discursos vacíos. Se construye con decisión política, inversión, planificación y resultados. Y esos resultados hoy comienzan a verse en las calles, en las estadísticas y en la recuperación de la tranquilidad que miles de familias chaqueñas reclamaron durante años.