Según se desprende de los fallos, las regulaciones fueron realizadas en función de la legislación arancelaria y de los parámetros establecidos para valorar la tarea profesional de los abogados, independientemente del monto económico que se discute en cada proceso. Esta situación generó cuestionamientos por parte de litigantes y especialistas, quienes advierten sobre el impacto económico que pueden tener estas resoluciones para quienes deben afrontar el pago de las costas judiciales.

En algunos expedientes analizados, los honorarios regulados llegaron a representar entre cinco y nueve veces el valor de la pretensión económica del juicio. Desde distintos sectores sostienen que esta situación produce una marcada desproporción entre el objeto del litigio y el costo final del proceso, especialmente en causas de menor cuantía.

La controversia se suma al debate abierto meses atrás en torno a la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Honorarios Profesionales del Chaco. En mayo de este año, una Cámara provincial declaró la inconstitucionalidad de una de las disposiciones de la norma al considerar que vulneraba principios de razonabilidad en la regulación de los estipendios profesionales.

Especialistas en derecho señalan que la fijación de honorarios debe contemplar no solo las escalas previstas por la ley, sino también criterios como la complejidad del caso, la labor desarrollada y la proporcionalidad respecto del interés económico en juego. Sin embargo, remarcan que las distintas interpretaciones judiciales continúan generando fallos dispares y mantienen abierto el debate sobre la necesidad de revisar el régimen vigente.

La sucesión de estos pronunciamientos vuelve a poner en discusión el sistema de regulación de honorarios en la provincia y abre un nuevo capítulo en un tema que enfrenta a abogados, justiciables y operadores judiciales por el equilibrio entre la retribución profesional y el acceso a la Justicia.