Los imputados son los oficiales del Ejército Aldo Héctor Martínez Segon y Luis Alberto Patetta, y los policías chaqueños José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader. Según la acusación fiscal, habrían intervenido en operativos conjuntos que derivaron en secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de Resistencia. La investigación fue delegada al Ministerio Público Fiscal en julio de 2025. Desde entonces se produjeron numerosas medidas probatorias en distintas provincias.

Entre las pruebas reunidas se encuentran testimonios de familiares, ex detenidos políticos e investigadores, tomados por videoconferencia desde fiscalías federales de Tucumán, Reconquista, Goya y Concordia, además del Juzgado Federal de Formosa y la fiscalía provincial de Villa Ángela. También se realizaron reconocimientos fotográficos. Se incorporaron actuaciones judiciales de la época y legajos de la Conadep. A ello se sumaron investigaciones históricas recientes y publicaciones periodísticas.

En el requerimiento de instrucción presentado el 5 de diciembre pasado, la Fiscalía reconstruyó que las víctimas estuvieron alojadas clandestinamente en la Brigada de Investigaciones y en la Jefatura de Policía de Resistencia. En el caso de Caire, se acreditó además su traslado a centros clandestinos en Paraná, Entre Ríos. Fue visto por última vez con vida el 12 de diciembre de 1976, dentro de la Alcaidía Policial de Resistencia. En todos los lugares fue observado con signos de haber sufrido torturas.

La causa también abarca el secuestro de Luisa Rodríguez de Caire y de sus hijos pequeños, de 2 años y diez meses al momento de los hechos. Permanecieron detenidos en condiciones infrahumanas durante un mes y 23 días en la Brigada de Investigaciones. Luisa fue sometida a tormentos y los niños sufrieron consecuencias en su salud por las condiciones de detención. Recién fueron legalizados al ser trasladados a la Alcaidía, y el 15 de enero de 1977 la abuela materna pudo retirar a los menores.

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