Una investigación por la presunta venta de diplomaturas y postítulos apócrifos que permitían sumar puntaje docente derivó en la detención de dos mujeres y múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia.

La causa es encabezada por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien investiga una maniobra que habría beneficiado a decenas de docentes mediante la utilización de documentación falsa para mejorar su posición en el orden de mérito.

Según la información oficial, 53 docentes habrían logrado incrementar su puntaje y 9 accedieron a horas cátedra presentando certificados presuntamente adulterados.

Auditoría y denuncia

La investigación se inició el 17 de diciembre de 2025, tras una denuncia presentada por el secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, luego de una auditoría interna que detectó irregularidades en los procesos de valoración docente.

De las 292 unidades educativas relevadas, se registraron 291 inscripciones con certificados sospechados de ser falsos, 286 registros adulterados y un total de 237 docentes involucrados en distintas instancias del proceso.

Cómo operaba la maniobra

De acuerdo con la pesquisa, los docentes eran contactados a través de Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Allí se ofrecían diplomaturas y postítulos supuestamente avalados por instituciones reconocidas.

Los interesados abonaban sumas que oscilaban entre 95.000 y 360.000 pesos y recibían certificados digitales en formato PDF, que incluían firmas y sellos escaneados.

El análisis posterior reveló que la mayoría de los números de registro no existían en bases oficiales y que se habían utilizado numeraciones duplicadas o inexistentes.

Allanamientos y secuestro de documentación

El operativo fue llevado adelante por personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con allanamientos en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. En los procedimientos se secuestró documentación relevante para la causa.

La investigación también permitió detectar la existencia de una presunta organización con ramificaciones en el norte y sur provincial y en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde operaría un hombre señalado como administrador digital y receptor de parte del dinero.

Desde la UDEC informaron que la causa continúa avanzando y que se analiza la situación de los restantes certificados denunciados.

Fuente; Qué Pasa Salta