La muerte del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, dejó de ser un caso sin respuestas para convertirse en el centro de una investigación judicial que expuso una nueva modalidad delictiva: la extorsión digital organizada desde prisiones. Investigadores federales determinaron que la víctima fue sometida a un mecanismo que combinó perfiles falsos, suplantación de identidad y amenazas para exigirle dinero, y que esa presión fue un factor determinante en su decisión de quitarse la vida dentro de la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre pasado.

Según las autoridades, el esquema delictivo comenzó con el contacto de Gómez a través de una aplicación de citas, donde se creó un perfil falso de una joven identificada como “Julieta”, con la intención de generar confianza. Con el paso de las interacciones, la supuesta relación dio paso a mensajes y audios amenazantes, incluido el llamado denominado “audio del terror”, en el que se lo acusaba falsamente de mantener una relación con una menor de edad.

Esa intimidación fue seguida por la intervención de una persona que se hizo pasar por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, atribuyéndose conocimiento de una supuesta causa judicial en su contra y exigiendo transferencias de dinero para evitar consecuencias legales. Para dotar de verosimilitud a la maniobra, los extorsionadores usurparon la identidad real de un efectivo porteño, aunque éste no tuvo participación en los hechos.

La investigación judicial, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal, incluyó más de 50 días de escuchas telefónicas, análisis de líneas y seguimientos, que permitieron reconstruir la mecánica de la organización y vincularla directamente al suicidio del joven militar.

Los audios y mensajes analizados revelaron un patrón de presión continua, en el que se exigían pagos a cuentas bancarias pertenecientes a personas vinculadas con la banda criminal. Parte de esos fondos era fragmentada y redistribuida para dificultar su rastreo. Diversos allanamientos realizados en prisiones bonaerenses y viviendas en el conurbano resultaron en la detención de al menos siete sospechosos, incluidos internos que operaban desde las penitenciarías de Magdalena y Olmos.

Entre los detenidos, los investigadores identificaron a líderes de la organización, como Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, quienes, con apoyo de cómplices externos, coordinaban las maniobras desde el interior del sistema penitenciario.

Para la Justicia, el caso puso en evidencia un fenómeno más amplio: el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles como una herramienta delictiva, facilitando estafas, extorsiones y otros delitos conectados con redes criminales organizadas. Las autoridades destacaron la necesidad de mayores controles y regulaciones en los centros de detención para prevenir que este tipo de delitos continúe operando desde el interior de las prisiones.

La conmoción por este caso no se circunscribe solo al ámbito judicial. También ha generado un debate sobre las condiciones de los efectivos que cumplen funciones de seguridad, particularmente cuando se encuentran lejos de sus familias y bajo presión psicológica, como lo estaba Gómez durante su destino en la custodia presidencial.

Fuente: Infobae