El titular del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, doctor Ricardo Urturi, brindó detalles sobre el avance de la causa que investiga a siete efectivos policiales acusados de intentar sustraer cocaína durante un operativo de quema de estupefacientes, realizado el pasado 18 de diciembre en Colonia Benítez, con intervención de la Justicia Federal.

En diálogo con Norte Grande Federal, Urturi explicó que el hecho fue detectado en el tramo final del procedimiento, cuando el secretario del Juzgado Federal N°2, Martín Innocente, advirtió irregularidades en el pesaje y traslado de la droga previo a su incineración. Al realizar una nueva verificación, se constató el faltante de un kilo, lo que derivó en una inspección más exhaustiva de los vehículos.

“En ese contexto se procedió a revisar los móviles y se logró secuestrar un total de nueve kilos de cocaína”, precisó el funcionario.

A partir de lo ocurrido, y por directivas del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, el OCI inició de manera inmediata un sumario administrativo, disponiendo la suspensión preventiva con retención de haberes de los siete policías involucrados, quienes además quedaron detenidos por orden de la Justicia Federal.

Actualmente, cinco efectivos se encuentran alojados en Prefectura Barranqueras y dos en dependencias de Gendarmería Nacional en Formosa, mientras avanza la investigación penal. “Los siete continúan detenidos y en situación de pasiva por delito”, aclaró Urturi.

En paralelo al proceso judicial, el órgano de control avanzó con la investigación administrativa interna. “Ya se les recibió declaración de imputado a los siete empleados. Solo uno prestó declaración, los demás hicieron uso del derecho de abstención”, indicó, y agregó que el OCI se encuentra trabajando en forma conjunta con la Fiscalía Federal, aportando pruebas y documentación requerida.

El funcionario reconoció que se detectaron serias irregularidades en los protocolos utilizados durante el operativo de quema de estupefacientes. “Hemos notado falencias en la metodología y en la forma en que se llevó adelante el traslado. Eso será evaluado independientemente del resultado penal”, sostuvo.

Asimismo, no descartó que la causa pueda ampliarse: “La Fiscalía analiza el contenido de los teléfonos celulares y no se descarta que la investigación alcance a otros civiles o incluso a más personal policial”.

Urturi calificó el hecho como “lamentable” y remarcó la política de tolerancia cero frente a conductas delictivas dentro de la fuerza. “Cuando alguien entiende que las normas no rigen para los policías, el Estado está para recordárselo, aplicando una sanción expulsiva”, afirmó.

En ese sentido, destacó el respaldo político para avanzar con las investigaciones: “Jamás me pidieron mirar para otro lado. Todo lo contrario: la directiva es investigar hasta las últimas consecuencias. El apoyo es para el buen policía, y eso implica castigar al mal policía”.

Finalmente, el titular del OCI subrayó que la existencia de denuncias y actuaciones demuestra que los mecanismos de control están funcionando. “Cuando no pasa nada es cuando hay que sospechar. Que estos hechos salgan a la luz significa que la gente confía en que se investiga y se sanciona”, concluyó.

NG Federal