11-02-2026 | 00:53
CLIMA | DOLAR

El Dr. Jaime Etchelouz radicó una denuncia penal tras recibir mensajes intimidatorios con datos sobre sus movimientos privados. El conflicto estalló luego de que el hospital notificara que el dirigente no contaba con licencia gremial válida y debía retomar sus funciones.



El Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña es escenario de un grave conflicto que trasciende lo administrativo para entrar en el terreno judicial. El director del nosocomio, Jaime Etchelouz, formalizó una denuncia penal contra un dirigente gremial de la UPCP tras recibir una serie de amenazas de muerte. El episodio violento se desencadenó luego de que la dirección del hospital exigiera al sindicalista el cumplimiento estricto de su carga horaria laboral, tras detectarse irregularidades en su licencia.


Según explicó Etchelouz, el conflicto se originó hace dos semanas a partir de una notificación de la oficina jurídica de Resistencia. El área de Recursos Humanos informó que una lista de afiliados gremiales no contaba con la documentación respaldatoria para sus licencias, por lo que debían reincorporarse a sus labores habituales. Si bien la mayoría de los agentes aceptó la medida, uno de ellos habría reaccionado de forma violenta, profiriendo insultos y advertencias directas contra la vida del directivo en su propio despacho.


La situación escaló de gravedad cuando el director comenzó a recibir mensajes detallados con información sobre sus movimientos, horarios y lugares que frecuenta. "En primera instancia pensé que era el enojo de alguien que debía volver a trabajar, pero cambió la carátula cuando empezaron a hablar de mi vida con datos específicos", señaló Etchelouz. Ante la contundencia de las pruebas, que incluyen audios y mensajes de texto, la Fiscalía y la división de Investigaciones tomaron intervención inmediata en el caso.


Como medida preventiva, la justicia dispuso una medida cautelar y custodia policial permanente tanto para el director como para las instalaciones del hospital. Etchelouz agradeció el rápido accionar de la policía y las autoridades judiciales, aunque reconoció que este hecho altera su vida cotidiana y la dinámica institucional. Por el momento, la causa sigue bajo estudio para determinar las responsabilidades penales del dirigente involucrado mientras se refuerza la seguridad en el centro asistencial.


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