El proyecto de Ley Penal Juvenil, que el Gobierno nacional llevará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero, reactivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, que podría fijarse en 13 o 14 años. Frente a esta discusión, el abogado penalista Juan Arregín se refirió a la iniciativa y advirtió sobre los límites de una respuesta centrada únicamente en el endurecimiento de las penas.

“Es conveniente discutir este tema, pero simplificar el problema con una ley no lo va a resolver”, sostuvo Arregín, al señalar que una eventual modificación normativa, sin un abordaje integral, tendría escaso impacto.

“Es una simplificación del Gobierno nacional, porque el problema real lo van a tener las provincias, que van a tener que adaptar sus legislaciones, instituciones y profesionales”

El abogado alertó además sobre las consecuencias de incorporar a adolescentes al sistema penal tradicional. “Si a un chico de 13 años lo metemos cinco años preso, lo sacamos a los 18 mucho más violento y perfeccionado en el delito”, afirmó. Según explicó, una medida de ese tipo podría calmar momentáneamente la demanda social, pero “patea el problema para adelante”.

Finalmente, Arregín consideró que, aunque la cantidad de delitos cometidos por menores no es significativa en términos estadísticos, sí requiere una respuesta seria. “No es un número alto, pero son vidas”, subrayó, y planteó la necesidad de convocar a especialistas y a instituciones que trabajan en contención, salud mental y consumos problemáticos para dar una solución de fondo.