El Tribunal consideró que la ministra actuó dentro de sus facultades en materia de control y fiscalización del servicio educativo de gestión privada. La investigación administrativa había detectado irregularidades en balances, documentación docente y uso de fondos públicos. Según el fiscal de Estado, se buscó salvaguardar recursos estatales que habían sido retenidos preventivamente. La decisión fue tomada por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, de no pagar a docentes "fantasmas".

En diálogo con NG Federal, el fiscal de Estado, Alejandro Herlein, destacó que “logramos probar que la Ministra tenía facultad para dictar estas medidas”.

 

Señaló que la cautelar obligaba a pagar haberes por "más de 177 millones de pesos a docentes que no cumplían funciones en la provincia", indicó el fiscal. También remarcó que existían casos de educadores que cobraban simultáneamente en Chaco y Santa Cruz.

Herlein explicó que la resolución judicial no define el fondo de la cuestión, ya que el amparo principal continúa en trámite. Sin embargo, puntualizó que “a priori, la decisión de la ministra es válida” y que la prioridad es asegurar el correcto uso de recursos públicos. El funcionario expresó optimismo de cara a la etapa final del proceso, afirmando que “los argumentos están, la prueba está y vamos a poder sostener la postura estatal”.