En el caso de Vaudagna, ese delito estuvo agravado por su condición de funcionario público y en concurso real con el de lavado de activos “agravado por su habitualidad y por haber sido funcionario público”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Como medida cautelar, el juez Mianovich dispuso el embargo de bienes por 700 millones de pesos para el ex Afip y por 200 millones para el empresario.

Vaudagna está imputado en la causa por presunta extorsión a un empresario rosarino junto al financista local del Grupo Unión, Fernando Whpei, y el ex juez federal Marcelo Bailaque. También enfrenta otros cinco expedientes judiciales por su actuación durante el paso por el ente recaudador.

En noviembre de 2021, durante la audiencia de imputación a los directivos de Vicentin en Rosario por estafas, el fiscal Miguel Moreno reprodujo unas escuchas entre Scarel y su abogado Sergio Pavicich, a quien el directivo le pedía consejos para justificar los U$S200 mil que le habían encontrado a su hijo en una caja de seguridad, cuya negrura emulaba a una noche oscura.

Luego de un intercambio sobre diferentes alternativas, el directivo consiguió que su amigo Vaudagna presentara un certificado en la causa afirmando que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones con la inmobiliaria Remax, a la que representaba Scarel hijo.

Entonces la abogada querellante del Grupo Grassi, Viviana Cosetino, dijo que “si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un ex director regional de la Afip para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o estar haciendo”.

Lo que estaban haciendo

En la investigación por las maniobras adjudicadas a Vaudagna y Scarel, el fiscal de Reconquista Roberto Salum y el equipo de trabaja con él lograron establecer que tenían como objetivo beneficiar a Vicentin y a sus directivos para eludir otra causa por el delito precedente, que era apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por una suma total de $143.254.723 pesos entre 2016 y 2019.

Ese expediente se originó en 2020 y fueron procesados los directivos de Vicentin durante el período investigado -de 2016 a 2019-. La maniobra habría consistido en presentar facturas “truchas” de ventas de granos y proveedores, con el fin de obtener del Estado la devolución del IVA, cuyos reintegros la Justicia estima en más de 140 millones de pesos.

En mayo de 2024 fueron procesados 14 directivos de la agroexportadora como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes en la maniobra.

Se consideró probado que 57 proveedores y corredores vinculados a la empresa originaria de Avellaneda eran apócrifos, por lo que los créditos fiscales reclamados y percibidos “eran ficticios”. Ahora, Vuadagna y Scarel fueron procesados por la Justicia Federal de Reconquista por el intento de encubrir ese delito, considerado “precedente”.

Reuniones hasta en feriados

En el caso en el cual ahora fueron procesados, a Vaudagna le endilgan haber ayudado a Scarel y a los directivos de Vicentin a eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA, “valiéndose de sus conocimientos y poder como director regional de la ex Afip en Santa Fe y Rosario”.

Para la Fiscalía, el ex funcionario “intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de Afip que estaban a su cargo o intervenían en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentin, para evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por Afip. La finalidad era evitar la denuncia penal contra la compañía y sus directivos o, al menos, mejorar su posición ante una eventual denuncia”.

Durante ese período y “de forma ilegítima”, Vaudagna asesoró técnicamente a Scarel sobre cómo ejercer la defensa en el sumario administrativo “relativo a la fiscalización de los reintegros de créditos fiscales apócrifos. Para ello, se reunió en numerosas ocasiones con Scarel fuera de la sede del organismo recaudador, incluso en días no laborables, y le facilitó argumentos legales y precedentes jurisprudenciales que podrían favorecer a la empresa, sostuvieron los fiscales del caso”, sostuvo Salum.

También le proporcionó información interna de la Afip sobre las instrucciones que debían seguir los agentes del organismo para impugnar los créditos fiscales y sobre devoluciones de IVA realizadas a otras empresas exportadoras de granos. Para los fiscales, Vaudagna incumplió sus deberes como funcionario público, demostrando de conductas contrarias a las normas que regulan su actividad funcional.

En tanto, a Scarel le imputaron las mismas maniobras y, además, haberle requerido a Vaudagna que intercediera y ejerciera su influencia ante funcionarios de Afip encargados de la fiscalización e inspección de los créditos fiscales, para evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por Afip, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la compañía y sus directivos.