El Gobierno del Chaco anunció el cierre definitivo e inhabilitación de la Fundación Valdocco en Comandancia Frías, quien poseía además posee su sede en Santa Cruz y está dirigida de forma nacional por el sacerdote y diputado electo del partido justicialista Juan Carlos Molina, tras detectar graves irregularidades administrativas y educativas. Las autoriades de la Fundación están siendo investigadas por trata de personas.

En conferencia de prensa, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, informó que se constató que “docentes cobraban sueldos en Chaco y en Santa Cruz simultáneamente”, además de la falta de documentación y la residencia del rector en otra provincia.

 

Naidenoff precisó que la investigación se inició tras denuncias en el Consejo Federal de Educación y derivó en un sumario interno: “Detectamos 78 docentes con doble percepción de haberes, ausencia total de documentación y un rector que residía en otra provincia”.

También señaló que la sede de Comandancia Frías “está cerrada, no hay alumnos y los menores que allí permanecían están bajo intervención de la Unidad de Protección de la Infancia”.

 

El director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, explicó que “de los 99 agentes declarados por la fundación, solo diez fueron localizados efectivamente trabajando”, lo que motivó la suspensión de pagos y la solicitud de toda la documentación de respaldo. Añadió que la cartera educativa apeló una medida judicial que ordenaba restablecer los salarios y subrayó: “No podemos abonar más de 130 millones de pesos a personas que no están en la provincia”.

Por su parte, el secretario de Gabinete, Livio Gutiérrez, detalló la incompatibilidad de los pagos: “Hay docentes que cobran acá y cobran en Santa Cruz, lo cual es absolutamente incompatible dentro del sistema educativo”.

 

Destacó que los nombres rastreados corresponden a docentes de distintas provincias y que incluso Molina percibía salario como rector en Chaco sin cumplir funciones en la provincia. Criticó la decisión judicial que obliga a pagar los sueldos:

“El Juzgado Civil °21 de la provincia nos ordena que pongamos los sueldos a esta gente… y si no pagamos, además, nos van a multar”.

 

Ambos funcionarios coincidieron en que la denuncia busca garantizar transparencia y resguardar los fondos públicos. Naidenoff remarcó que se continúa la investigación para proteger a los menores y esclarecer los vínculos con gestiones anteriores, mientras Gutiérrez explicó que la Provincia presentó un amparo para que la justicia considere los domicilios reales de los docentes y evite pagos indebidos: “Simplemente lo que estamos haciendo acá es poner al conocimiento judicial que nos está obligando a pagarle sueldo a gente que no está acá”. 

NG Federal