“No es que se echa glifosato sobre el río. Todo eso viene de las cuencas productivas de los alrededores”, explicó Lajmanovich, quien también denunció vertidos industriales ilegales. Los residuos se acumulan en el barro y liberan sustancias que afectan a la fauna acuática y a los habitantes de la cuenca. Se encontraron también combinaciones con atrazina, metolacloro y cipermetrina.

Argentina lidera el uso de agrotóxicos por habitante a nivel mundial, con más de 420 millones de litros al año. Estudios del proyecto internacional SPRINT confirmaron la presencia de entre 6 y 13 plaguicidas en orina, sangre y materia fecal de ciudadanos argentinos. En el 100% de las muestras se halló glifosato, considerado probable cancerígeno.

La exposición crónica a estos químicos se relaciona con enfermedades y alteraciones genéticas. En Santa Fe, la Justicia prohibió fumigaciones a menos de 1.000 metros de viviendas tras comprobar daño genético en una niña. En Buenos Aires, análisis del INTA confirmaron presencia múltiple de agrotóxicos en patios de casas cercanas a zonas fumigadas.

Mientras otros países avanzan en su prohibición, como México o Francia —donde Bayer enfrentará un juicio histórico—, Argentina mantiene su uso. La falta de legislación nacional permite que las regulaciones dependan de normativas locales, generando conflictos entre productores y comunidades que exigen resguardo y el fomento de prácticas agroecológicas.

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