El Gobierno nacional autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera norte bajo el marco del “Operativo Roca”. Esta medida, oficializada el 15 de abril y respaldada por el Decreto 1112/2024, permite a militares como el Ejército y la Armada hacer detenciones transitorias de civiles en casos de flagrancia. Las "órdenes de empeñamiento" que rigen el despliegue se mantienen bajo reserva, aunque se enfocan en el control de los delitos fronterizos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la decisión, que fue criticada por algunos sectores, señalando que la ley autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad fronteriza. Petri cuestionó las voces opositoras, afirmando que aquellos que defienden a narcotraficantes y delincuentes violentos deberían aclarar su posición. Además, destacó que países vecinos, como Estados Unidos, emplean a sus fuerzas armadas para custodiar sus fronteras, lo que, según el funcionario, justifica la medida adoptada en Argentina.

El despliegue de más de 10.000 efectivos incluye un uso intensivo de tecnología, como drones, radares y aviones de relevamiento, para vigilar zonas rurales alejadas de los centros urbanos. Esta operación tiene el objetivo de obtener información estratégica para la defensa nacional y reforzar la seguridad en las regiones del norte y noreste del país, particularmente en áreas críticas como Tartagal y Salvador Mazza. La intervención se coordina con fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional.

El Plan Julio Argentino Roca, que se lleva a cabo junto al Plan Güemes, busca erradicar las redes criminales en zonas rurales de frontera. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó el compromiso del gobierno para desmantelar las bandas narcotraficantes que operan en la región. El plan no solo apunta a la eliminación de estos grupos, sino a devolver la tranquilidad a las comunidades locales, garantizando que ningún sector del territorio argentino quede bajo el control del narcotráfico.

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